Por Milton López Tarabochia, Sabrina Pozzi y Andrea A. Gálvez

El fracking -o fractura hidráulica- es una técnica no convencional de extracción de gas y petróleo. Se lleva a cabo con la perforación del suelo hasta alcanzar la roca de esquisto -roca madre- para fracturarla con grandes cantidades de agua y químicos para extraer los hidrocarburos. Es como una inyección gigante de compuestos químicos que se colocan en la gruesa piel del planeta para que los hidrocarburos salgan volando de las profundidades del subsuelo.

¿Tendrá algún tipo de impacto ambiental esta técnica no convencional extractiva? Por supuesto. Países latinoamericanos que le han dado el sí al fracking sufren las consecuencias y algunas naciones frente a ello han comenzado a emitir medidas legales en su contra.

“México y Argentina son los dos países latinoamericanos donde se está desarrollando el fracking con más fuerza”, aseguró Carlos Lozano Acosta, abogado y coordinador de agua dulce de Alianza Interamericana de Derechos por el Agua (AIDA).

En Colombia, Lozano Acosta dijo que “hay más resistencia al fracking que fracking gracias al movimiento de la sociedad civil muy fuerte que se está oponiendo por dos razones: uno el impacto en las fuentes de agua y el otro: el efecto en el cambio climático y la necesidad de avanzar hacia una transición energética”. El fracking no está permitido, pero el Gobierno y las empresas están intentando regular un proyecto piloto que ahora se encuentra suspendido por la justicia.

Lozano también contó que en Brasil “han habido esfuerzos de prohibición a nivel regional”. Por el lado de Bolivia el fracking se practica en zonas como el Chaco, con el permiso entusiasta de un Gobierno que confiado en un informe internacional permitió que una empresa estadounidense y otra canadiense puedan perforar su suelo para obtener gas, según Jorge Campanini ingeniero ambiental e investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB).

Efectos en salud y ambiente

“Con la técnica (del fracking) se utilizan varios tipos de químicos que incluso son protegidos por propiedad industrial o la combinación exacta muchas veces está protegida”, sentenció el abogado ambientalista Lozano. Y agregó: “Han mostrado tener correlación con enfermedades graves no transmisibles, particularmente ciertas formas de cáncer y con mayor impacto sobre todo en niños”.

Además, explica que esta técnica forma “zonas de sacrificio”: “zonas donde tácitamente se está aceptando que la gente se va a enfermar de forma grave por la exposición a esos químicos. Por otro lado, contamina las fuentes de agua y eso también es un factor de exposición de enfermedades graves detrás”. Las personas más afectadas son las “comunidades indígenas” y “comunidades rurales pobres”.

Añadido a los efectos directos, entre los indirectos más graves están las emisiones de metano y los compuestos orgánicos volátiles, afirma María Di Paola, investigadora de la Fundación Ambiente Recursos Naturales (FARN). “Estos químicos provocan enfermedades respiratorias, cardiovasculares, anomalías en el esperma, dificultades en el desarrollo de los fetos”. Sobre estos impactos se han presentado denuncias pero a nivel local y no han logrado prosperar, comenta la investigadora.

Los que dijeron sí y no al fracking

Vaca Muerta es el ejemplo más relevante de fracking en Latinoamérica. Se trata de la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta del mundo en el petróleo no convencional. También sus impactos han sido estudiados por su relevancia internacional.

La producción empezó a finales del 2013, un año más tarde la cantidad de crudo que se producía en la formación creció. Tras algunos años de descenso, en 2018 el presidente de Argentina, Mauricio Macri, implementó varias medidas para incrementar la producción, algunas de las más relevantes fueron la liberalización de los precios del barril y el aumento de los subsidios por parte del Estado a combustibles fósiles.

Durante estos años las críticas a la fractura hidráulica han venido de parte de varios actores sociales e institucionales. Según María Di Paola, directora de investigación de la FARN, las denuncias públicas que se han realizado en Vaca Muerta han girado entorno al mal manejo de residuos, incendios en los pozos de extracción que son difíciles de controlar y por derrames de petróleo. “Abogados ambientalistas y la Confederación Mapuche denunciaron a la empresa Theater por mal manejo de los residuos, otras denuncias públicas fueron hechas por incidentes en los pozos de gas, por ejemplo esto lo veíamos hace unos días en uno de los pozos de YPF que se incendió, lleva semanas y no consiguen apagarlo”, dijo Di Paola. Más allá de algunas victorias locales a la hora de alejar o paralizar algunos pozos de perforación en ciertas poblaciones, los procesos legales son largos y con muchas dificultades para que lleven a buen puerto.

Más allá de los problemas legales, la variable política juega un papel importante en Vaca Muerta. La actividad extractiva es percibida como una de las herramientas principales para salir de la recesión económica que vive hoy el país, según la investigadora María Di Paola, el problema es que no se tiene en cuenta que a la larga acarrearía mayores complicaciones que las eventuales soluciones que vienen aparejadas. “Hoy en día la producción de gas es subsidiada por el estado en dólares y esto conlleva un 5% del PIB. De hecho, el Instituto de Economía de la Energía estadounidense en su estudio afirma las dificultades financieras de la práctica del fracking, ha estudiado también Vaca Muerta y demuestra que es una actividad que se mantiene gracias al Estado. Por sí sola no es sustentable económicamente”.

México: entre negociaciones y pozos que se instalan

El fracking en México -para petróleo y gas con predominio de este último- es legal, pero hay resistencia. Los estados en los que se desarrolla son Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

“En el Senado y en la Cámara de Diputados hay 6 proyectos de ley de distintos partidos políticos para prohibir esta técnica, pero ninguno se está discutiendo”, aseguró Claudia Campero, especialista en Food and Water Watch de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

En 2018, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, se declaró en contra del fracking y recientemente dijo que estaba prohibido, “pero no se hizo ningún cambio legal”. En sintonía con esto, la Alianza agregó que es difícil lidiar con esta situación porque Obrador “tiene una base social popular de apoyo muy fuerte y mucha voz mediática”.

Sobre el debate político del fracking en México, la activista resaltó que es complicado porque se enfocan en los beneficios y no hablan sobre los impactos sociales y ambientales.

Los pozos de fracking se encuentran mezclados con los pozos de extracción convencional, por lo tanto, señaló Campero, es muy difícil comunicar sobre ellos. “La información que maneja la autoridad no distingue el tipo de formación del que se trata, es decir, si es convencional o no convencional”.

Colombia: compromiso contra el fracking

El fracking en Colombia está prohibido, está en moratoria y no se puede hacer, pero el gobierno en confabulación con empresas extractivistas, están “generando una regulación para implementar proyectos pilotos de investigación (PPI) de fracking para ver si funcionan. Lo quieren maquillar en el Magdalena Medio Barrancabermeja, en Santa Fe y en la ribera del río Magdalena Medio”, aseguró el apicultor y activista Javier Cespeder de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

“En concreto, no se sabe que estén haciendo fracking. Hay reportes. Una cosa es lo que dicen ellos y otra cosa es lo que pasa”, enfatizó Cespeder. Según la Alianza, el Gobierno creó una “comisión de expertos” para decidir si el fracking es viable o no. Los “expertos” son “trabajadores de las empresas que quieren invertir”. En esa reunión decidieron que “lo fundamental es tener licencia social”.

En Colombia no existe una ley que permita plebiscitos vinculantes donde las comunidades decidan sobre su territorio. “Se quieren ganar la licencia social comprando a la gente”, sentenció. “Hay poderes fuertes, para llegar a todas las comunidades a promoverlo han ido a las escuelas, a las ferias de libros y de arte donde tienen el stand de yacimientos no convencionales. Se promocionan, van ingenieros a las escuelas a decir que es bueno. Hacen publicidad en Facebook, YouTube y en las redes. Dicen que es el futuro, que en caso contrario se van a quedar sin gas, que van a tener que cocinar un huevo a leña”, agregó.

Brasil: prohibiciones estatales

En Brasil desde hace seis años en promedio comenzaron una serie de campañas del mundo científico, la sociedad civil y algunas autoridades contra el fracking. La iniciativa estuvo a cargo de la Coalición No Fracking Brasil por el Clima, el Agua y la Vida (COESUS), junto con el Instituto Internacional Arayara y 350.org Brasil.

En conversación con Paulinne Giffhorn, encargada de Comunicaciones de COESUS y el Instituto Internacional Arayara, confirmó que hasta el momento no se han registrado campos para fracking. Sin embargo, debido a los daños registrados por estudios internacionales, se optó por iniciar estas campañas de prohibición. Gracias a la actividad conjunta se logró que en julio del presente año se lograra prohibir a nivel estatal la práctica del fracking en el Estado de Paraná, al sur de Brasil. De acuerdo con 350.org, son 12 millones de personas que viven en dicho Estado.

Por su parte, otro Estado que se encuentra a la vanguardia al darle la contra al fracking como método de extracción de gas no convencional es Santa Catarina, cuya asamblea legislativa aprobó este año igualmente una multa (No. 145/2019) que prohíbe la exploración mediante el fracking, según un artículo de COESUS. Ahora se está a la espera que el Gobernador estatal, Carlos Moisés, la revise.

De acuerdo a una conversación con Giffhorn, en agosto de este año 350.org y COESUS llevaron al Senado nacional de Brasil el debate sobre una ley nacional que prohíba al fracking como método de extracción en el país. Sin embargo, “aún no tenemos nada concreto”, dijo.

Bolivia y la promesa de un nuevo dorado

El tema del fracking en Bolivia aparece en el año 2013 cuando se publica un informe del Instituto Americano de Energía que analiza los proyectos de extracción no convencional en el mundo, y señala que en Bolivia existe un gran potencial de gas no convencional. Esta zona es el Chaco, la frontera con Paraguay.

Según Jorge Campanini ingeniero ambiental e investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), a partir de este anuncio, el Gobierno empieza a vincularse con el “lobby del fracking”. Esto se vuelve más intenso cuando comienzan a firmarse los primeros acuerdos con YPF Argentina para la exploración y explotación de shale gas, incluso los técnicos bolivianos se iban a capacitar en Vaca Muerta. Estas decisiones empezaron a hacerse más reales cuando desde la gerencia se ordenó a todas las empresas que operaban en el Chaco tomar muestras del subsuelo donde hubiera algún indicio de recurso no convencional. De hecho entre 2013 y 2014 se hace un mini fracking apoyado por la empresa estadounidense Halliburton en el Chaco boliviano, explica Campanini.

En 2018 se empieza a retomar la idea, a partir de estudios que son encargados por el Gobierno boliviano y que anuncian que el bloque Miraflores en el Chaco boliviano sería uno de los yacimientos más grandes del mundo, incluso más grande que Vaca Muerta o con el mismo potencial que la formación hidrocarburífera de Argentina.

La empresa canadiense Cancabria de Energy Corp está empezando a evaluar y a explorar este potencial, todavía no tiene un contrato de exploración y explotación, pero sí ha firmado un acuerdo de intenciones y un acuerdo de construcción de una norma que le permita hacer estudios de no convencionales. Ya tendría que haber salido a la luz y haber dado curso a que empiece la actividad oficial en el terreno. Tienen avanzado un perfil ya, sólo necesitan complementar la cuestión administrativa porque la decisión política ha sido tomada y ha sido incursionar en el país a través del fracking.

“El Gobierno boliviano está muy feliz por este hallazgo y están a la espera de terminar los requisitos administrativos para que empiece el fracking”, dice Jorge.

Además de esto, existen sospechas que esta empresa canadiense no extraiga el gas no convencional, porque “si bien el personal ejecutivo tiene una formación muy amplia, no tiene ningún registro de operación, hay mucha sospecha de que pueda vender el negocio a otra empresa más grande”.

Mientras, la gente que vive en el bloque Miraflores, que en su mayoría es campesina indígena-guaraní y también pequeños ganaderos decidieron oponer resistencia. “La gente de allá optaron por poner resistencia. Entre el alcalde y los ciudadanos están intentando poner freno a esta fracking”, dice Jorge. Además de esto, el investigador explica la importancia de este proceso porque la población indígena está impulsando un Estatuto Autonómico y este documento contendrá el veto al fracking. “Es un gran avance y algo inédito aquí en Bolivia y marcaría un precedente respecto a la resistencia que se está gestando aquí”, concluye.

Chile, uno de los más entusiastas con el fracking

De acuerdo al portal periodístico El Desconcierto de Chile, el drama del fracking comenzó en la nación sureña cuando en junio del 2013 la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) anunció el éxito de este tipo de extracción no convencional en el principal bloque de gas en arenas compactas, Arenal, localizado en la Isla Grande, Tierra de Fuego.

A partir de ello, los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet han impulsado una política exploratoria mediante el fracking en arenas compactas como la del Arenal. No es coincidencia que a fines del 2014 ENAP presentara su plan estratégico (2014-2025), donde la empresa petrolera buscan un aumento presupuestario de 286 a 800 millones de dólares anuales, según El Desconcierto.

ENAP tiene la aprobación ambiental de 155 pozos en el bloque Arenal, pero también ha fracturado 12 pozos verticales en los bloques Intracampos y 4 en Dorado Riquelme.

La petrolera ENAP no es la única con pozos realizados para fracking en Tierra de Fuego, también está la empresa Petromagallanes (de la neozelandesa GreymouthPetroleum), la cual tiene la licencia para fracturar 4 pozos en el bloque Caupolicán.

¿Cómo sería una transición energética en América Latina?

“La transición energética es uno de los desafíos que tienen todos los países a nivel mundial en particular los países de América Latina. La transición es complicada para aquellos países que tienen matrices muy fósiles como le pasa a Argentina, por ejemplo, que tiene un 87% de su matriz de energía se basa en recursos fósiles” afirma Andrés Di Napoli, director ejecutivo de la FARN.

Añadido a esto, el tema se pone más crítico para los países de Latinoamerica porque además tienen enormes deficits de balanza comercial y necesitan producir dólares para eventualmente, como es el caso de Argentina pagar su deuda externa” continúa Di Napoli.

A pesar de estos desafíos, el director de la FARN habla de la necesidad que tienen estos países para apuntarse a una transición energética, que según él, pasa por diversificar la economía tanto del sector privado como especialmente el público. “Hoy si miramos el presupuesto de Vaca Muerta vemos que está sostenido por los subsidios que brinda el Estado Nacional. Si hay subsidios a la producción va a haber producción en un sentido o en el otro, por eso mismo es que hay que tomar decisiones hacia donde orientamos los recursos que tiene el presupuesto nacional y las políticas”.

Los países que están migrando sus matrices energéticas en América Latina son: Chile y Uruguay, países que cambian más rápidamente porque no tienen base de petróleo y gas propio, lo mismo sucede en Europa. “Por eso, parecería que un escenario importante para transicionar hacia renovables sería no tener un reservorio propio de combustibles fósiles, seguramente en el futuro las transiciones van a ser más aceleradas porque a nivel internacional va a haber más restricciones para el petróleo y la industria va a estar reaccionando cada vez más a buscar alternativas de movilidades distintas, propulsadas por combustibles distintos que el petróleo, así que todo eso va a ser una situación que el mercado internacional va a terminar poniendo en juego decisiones que van a tomar también los países”, continúa Di Napoli.

Desde la FARN alertan de la necesidad de una transición que tenga en cuenta a los trabajadores. “Que haya una matriz energética renovable justamente para poder cumplir con los acuerdos sostenidos por el Acuerdo de París, pero que también responda a la capacidad de activar el empleo y de mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestros países” comenta Di Paola.

* Este artículo colaborativo es una investigación realizada por Sabrina Pozzi para La Izquierda Diario de Argentina, por Milton López Tarabochia para La Mula de Perú, y por Andrea A. Gálvez para El Salto del Estado Español.