La crisis política actual del país que llevó al presidente de la República, Martín Vizcarra, a disolver constitucionalmente el Congreso nacional también está impidiendo que se atiendan otros asuntos vitales relacionados a la protección ambiental nacional. Una deuda medular es cómo la última empresa ubicada en uno de los lotes petroleros más grandes del Perú acabará su contrato pronto y se retirará sin haber iniciado un proceso de remediación. 

Hablamos de la empresa de origen canadiense, Frontera Energy, la cual comenzó actividades en el Perú hace en promedio cuatro años y acabará su contrato de explotación en la región de Loreto durante el primer trimestre del 2020.

De acuerdo al registro oficial del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entre octubre del 2015 a mayo del 2018, se han cometido 64 derrames petroleros internos en la zona de trabajo de Frontera en el lote 192. Según el mismo documento, el 96.61% de los barriles derramados fueron originados por la corrosión de los ductos y las fallas técnicas en la operadora.

De acuerdo con un artículo publicado por una especialista de Puinamudt, Kathia Carrillo, uno de los derrames más impactantes y a la vez más impunes, es el sucedido a la altura del kilómetro 34 de la carretera interna del lote 192. En la quebrada Macusari, donde vive la población achuar de Nueva Jerusalén y su anexo Nueva Nazareth.

Sumado a eso, desde el Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte (Puinamudt), ONG que trabaja junto a las comunidades nativas afectadas por los derrames de Frontera, se ha señalado que hasta el momento, la compañía no ha presentado su Plan de Abandono al Ministerio de Energía y Minas (Minem). En otras palabras, aún no se sabe cómo la compañía remediará los más de 60 derrames ocasionados.

“Los indígenas piden remediación para la contaminación ambiental de Frontera Energy, pero también exigen transparencia de esa remediación. Las fuentes de consumo de agua han sido afectadas. El conflicto de la toma de la vez pasada fue por eso precisamente”, dijo a La Mula, el Oficial del Programa de Derechos Territoriales e Industrias Extractivas de Oxfam en Perú, Miguel Lévano, quien también se ha encargado de asistir técnicamente a las comunidades afectadas en el lote 192.

Una relación complicada desde el inicio

La relación entre las comunidades que habitan en el lote 192 y la petrolera Frontera Energy ha sido dificultosa desde un inicio.

La historia comenzó en agosto del 2015 cuando había vencido el contrato de la anterior empresa que extraía el crudo en el lote 192, Pluspetrol. El momento exigía un nuevo operador. Por eso Perupetro, la empresa estatal peruana encargada de licitar los lotes petroleros, abrió la convocatoria. “Hubo interés de varias compañías, pero a la hora de la hora la postulación quedó desierta”, explicó a La Mula, Lévano de Oxfam.

El proceso de consulta previa se daba en paralelo, pero una serie de pendientes ambientales lo frustraron. Aún Pluspetrol no remediaba los más de 1.200 sitios contaminados que se encuentran en el lote 192. Además, su plan de abandono no había sido aprobado. De hecho, hasta el presente año el Minem tampoco se lo ha aprobado, luego de 4 años de haber dejado de trabajar en el área.

Debido a esa situación complicada se llama a una empresa operadora con un contrato temporal de dos años. Se le permitía extraer y distribuir el crudo entre el 2015 al 2017, sin embargo, en la realidad este contrato recién terminará en el primer trimestre del 2020. Este plazo extra se debe a los constantes de derrames petroleros que han paralizado el bombeo común del crudo, agregó Lévano.

Comunidad internacional preocupada por comunidades

La petrolera Frontera Energy terminará su contrato el próximo verano 2020 y de acuerdo a información de Puinamudt, Petroperú está negociando el contrato que otorgará el lote 192 a otra empresa privada durante 40 años. “ El futuro socio privado podría ser Frontera Energy u otras opciones”, aseveró Lévano.

Los reclamos de las comunidades por la contaminación petrolera de Frontera Energy, en especial los provenientes de la cuenca del río Corrientes, ya llamaron la atención de la senadora canadiense de la provincia de Nueva Escocia, Mary Coyle, quien envió una carta oficial a la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, para que revise qué está haciendo su Gobierno respecto al conflicto ambiental en el lote 192.

Asimismo, la semana pasada representantes indígenas juntos a sus asesores presentaron en audiencia pública su caso de contaminación ambiental frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante la sesión la CIDH criticó la falta de atención a la salud de los afectados por la contaminación petrolera. Además, también pidió al Estado peruano ser invitada oficialmente para una visita al lote.

El escenario de demandas históricas para las comunidades afectadas por la contaminación va más allá de la remediación ambiental. También piden la titulación integral del territorio indígena y también un eficiente abastecimiento de agua, de acuerdo con Lévano.

La consulta previa pendiente

En una entrevista a La Mula, el exviceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, señala que al final la remediación debe darse con un trabajo mixto privado – público.

“El problema es, lógicamente, si los costos de la remediación pueden ser cubiertos por la operación o se requiere de financiamiento del Estado. Me parece que es más lo segundo. Desde luego las comunidades deben participar, a través de un proceso de consulta previa antes del nuevo contrato”, señaló Lanegra.

Sin embargo, se sabe dicho proceso que comenzó en marzo del presente año fue suspendido en julio por el Minem debido a motivos administrativos, según el oficio N°068-2019-MINEM/OGGS.

Foto de portada: derrame en la quebrada Macusari. Febrero de 2018. Crédito de Feconacor/Puinamudt.