Mientras en Brasil y Bolivia se padecen los incendios forestales que nos recuerdan cada vez más la fragilidad del ecosistema amazónico, en Perú tenemos otra amenaza contra nuestra Amazonía y sus habitantes: una contaminación petrolera de más de 40 años, la cual fue confirmada por el propio Ministerio de Salud (MINSA) en el lote 192 (ex 1AB) y el lote 8, ubicados en la región de Loreto.

Si ubicamos dichas zonas en el mapa, nos referimos a las comunidades localizadas en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, según afirma el documento del MINSA que reconoció la presencia de metales pesados en la población indígena. Se registraron niveles altos de plomo en sangre. También de arsénico, mercurio y bario en la orina. El informe data del 2016, pero aún mantiene vigencia, según la Adjunta de la Defensoría del Pueblo en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Alicia Abanto Cabanillas.

Según un comunicado oficial del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte (Puinamudt), organización que trabaja junto a los líderes indígenas del lote 192, la propia ministra de Salud, Zulema Vásquez, se comprometió a realizar campañas médicas especializadas para atender a las poblaciones afectadas en lo que queda del año. Vásquez también prometió entregar en septiembre el informe de dosaje del 2018 realizado por Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (Censopas).

La Defensoría del Pueblo es el ente autónomo encargado de supervisar el progreso del Minsa en materia de atención integral a la población indígena. “Todavía falta mucho. Faltan los centros de salud en los lugares afectados. Es una deuda del Estado”, respondió Abanto Cabanillas.

Instalaciones petroleras deficientes 

Otra de las deudas pendientes del Estado peruano es la modernización de las instalaciones petroleras en el lote 192. Según el Informe Técnico Independiente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “más del 80 % de las tuberías en las áreas del ex Lote 1AB donde continúa la operación, requieren reemplazo”, se señala en su página 183.

Además, dicho informe del PNUD, un ente autónomo, confirma que las técnicas de remediación aplicadas no han sido suficientes para remediar los lugares contaminados durante más de 40 años de actividad petrolera en el lote en cuestión. “Las experiencias conocidas de biorremediación de suelos contaminados por actividad petrolera en la Amazonía peruana no dan lugar a suponer que existe una experiencia exitosa en este campo”, se precisa en el documento.

Una prueba de lo afirmado se comprobó en la comunidad de Nuevo Andoas, según un reporte de Mongabay Latam. El método de remediación en el área ha sido solo echar suelo nuevo en la zona contaminada. El ETI llama a este método fallido como disolución.

Otro tema que queda en el tintero por su nivel de deterioro es el Oleoducto norperuano (ONP), instalación que lleva el crudo desde la Amazonía peruana (Loreto) hasta la refinería de Talara, ubicada en la región costera de Piura.

Según el experto en gestión ambiental y ex viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, “el Oleoducto es hoy en día ambientalmente insostenible. La cuestión es que la modernización del Oleoducto podría ser incluso económicamente inviable, pues al ser una infraestructura que brinda servicios, necesita de las operaciones petroleras para ser rentable. Si estas existen o se estima puedan existir con certeza, puede pensarse en una modernización completa del oleoducto (en la práctica, casi la construcción de uno nuevo”, comentó.

Según el diario Gestión, el presidente de Petroperu, Carlos Paredes aún responsabiliza a terceros de sabotajes al Oleoducto. "Antes había un gran incentivo para romper el tubo porque luego te contrataban con un salario mucho mayor del que podías encontrar en el mercado. Eso se acabó", afirmó.

Sin embargo, por otro lado encontramos el informe de la Comisión Investigadora Multipartidaria de los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano, que fue liderada por el congresista César Villanueva, donde se señala “que el vertimiento se dio por problemas de mantenimiento, antigüedad e indicios de sabotaje pero que aún está en investigación la participación de nativos y/o empresas que ganan por reparar las roturas”, según últimas declaraciones del propio parlamentario.

El oleoducto está deteriorado. En la imagen, un funcionario del organismo de fiscalización y evaluación ambiental (OEFA) revisa la fuga de crudo que sucedió cerca de la comunidad nativa "Nueva alianza" en el 2016. Foto: Oefa.


La consulta previa es la solución

Actualmente la empresa petrolera Frontera Energy es la que está trabajando en el lote 192. Su derecho terminará en cinco meses en promedio, según Aymara León de Puinamudt. Para poder evitar futuros casos de contaminación con el nuevo postor que venga, se está desarrollando un proceso de consulta previa con las comunidades de la zona de influencia.

La Defensoría del Pueblo es la encargada de fiscalizar cómo se está desarrollando dicho proceso de consulta. Según Aymara León, otros pendientes son los planes de abandono de Frontera Energy y Pluspetrol, la empresa predecesora, que aún no han sido aprobados por el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, aún no se sabe cómo el par de las últimas compañías petroleras que han trabajado en el lote 192 subsanarán todos los impactos ambientales ocasionados.