La verdad duele. La población peruana en la actualidad ha reconocido la crisis moral en la que se ahoga nuestra Nación a raíz de los recientes destapes de IDL Reporteros de casos de corrupción comprobados mediante audios telefónicos que involucran a las altas autoridades del Consejo Nacional de la Magistratura y jueces supremos, es decir, aquellos que, aparentemente, velan por la correcta ejecución de la justicia nacional.  

Ante dicho escenario, es importante conocer la crítica situación en que se encuentra el respeto a los derechos humanos, y más aún, del estado vulnerable de las personas que los defienden. Esta vez observadores internacionales también nos confirman que aún nos falta mucho para reconocernos como un Estado democrático garante de los derechos del ciudadano.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos ha desaprobado al Perú en el cumplimiento de la defensa de los que protegen los derechos humanos. Su conclusión es trágica. En nuestro país se criminaliza, reprime y estigmatiza a las personas que velan por su cumplimiento ya sea en las rondas campesinas, a través del ejercicio periodístico , en las comunidades indígenas, en los movimientos por los derechos de la mujer o por los derechos de la comunidad LGTBI.

Entre el 5 al 9 de junio del presente año el Perú recibió la visita de una comisión de dicho observatorio la cual estuvo integrada por la guatemalteca Claudia Virginia Samayoa, presidenta de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) e integrante del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT); también por el español Miguel Martín Zumalacárregui, director de la oficina en Bruselas de la OMCT y Consejero de Derechos Humanos para el Observatorio en la OMCT.

Dicha visita, que estuvo acompañada por el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, Jorge Bracamonte, se reconocieron las cinco causas que mantienen a los defensores de DD.HH. en una vulnerabilidad total.

Solo para tener una idea de la difícil situación de los defensores de derechos humanos en el Perú, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos informa que desde el 2011 hasta el presente año 119 personas defensoras fueron asesinadas y solo en el 2017 más de 800 personas fueron objeto de criminalización por su reclamo en favor del respeto de este tipo de derechos.

Defensores en peligro: estas son las causas

Primero encontramos a la fuerte estigmatización, es decir, la persistencia en el imaginario del Estado y en la sociedad que las personas defensoras de DD.HH. son “agitadoras” y a las organizaciones defensoras como “defensoras del terroristas” acrecienta la vulnerabilidad de las personas defensoras, declara en exclusiva Miguel Zumalacárregui.

“(Existen) campañas en determinados medios de comunicación atacando a personas y organizaciones de derechos humanos, como defensores de terroristas, de que viven del conflicto, son una serie de acciones estigmatizantes que lo que crean es un caldo de cultivo precisamente para que estas agresiones a estas personas puedan concretarse”, explica la autoridad de la OMCT.

Una contracampaña de difusión debe realizarse para cambiar, en un nivel comunicacional, la imagen de los defensores, agrega Zumalacárregui. “El Perú tiene la obligación internacional de legitimar y visibilizar el apoyo a las personas defensoras de derechos humanos”, comenta.

Claudia Samayoa resalta que la desprotección de los defensores también se ve reflejado en una serie de modificaciones legales, incluso constitucionales, que han generado un marco punitivo para las personas que defienden los DD.HH. “Un ejemplo es la reforma constitucional realizada durante el gobierno pasado (Pedro Pablo Kuczynski) que permite que en algunos delitos se pueda tener detenida a una persona hasta 48 horas y en delitos como de organización criminal hasta 15 días”.

Samayoa aclara que si bien estas modificaciones tuvieron una intención para detener lo suficiente a presuntas organizaciones criminales, en la práctica, se está utilizando con otras finalidades. “Hemos visto que existe una tendencia por parte de las autoridades de intentar la persecución penal de defensores utilizando el marco  penal de la organización criminal y eso afecta a los defensores”, enfatiza.

Otra modificación legal se dio en el 2015 (Gobierno de Ollanta Humala), cuando se modificó el Código Procesal Penal con la creación de la denuncia preventiva. “Lo que se hace es que se pone una denuncia preventiva planteando que el día de mañana tal persona va a cometer tales delitos y eso hace que los fiscales que deberían declarar la nulidad de la denuncia, advierten a los defensores que si algo pasa, ellos van a ser perseguidos por esos delitos. O sea, se revierte la carga de la prueba considerando culpable antes de inocente a una persona”, sostiene Samayoa.

Entre los casos que resaltan cuando el Estado utiliza el derecho penal para criminalizar a los defensores de los derechos humanos encontramos a los ronderos campesinos que defienden tu territorio o los periodistas que denuncias casos de corrupción y por ellos enfrentan procesos judiciales, recuerda Miguel Martín Zumalacárregui.

“Los estándares internacionales dice que los delitos por difamación o de honor no deberían dirimirse por la vía penal sino por la administrativa lo que es una grave falla del sistema peruano. (Perú) es uno de los países de las regiones de las américas conde se hace un uso y abuso de los sistemas de justicia para acallar las voces críticas”, enfatiza el Consejero de Derechos Humanos para el Observatorio en la OMCT.

Perú debe acatar estándares internacionales

Claudia Samayoa, integrante del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), reclama que el Estado peruano debe regirse por los estándares internacionales que demandan la defensa de los defensores de los derechos humanos.

No solo la Declaración Universal de Naciones Unidas de 1998, sino la jurisprudencia de la Corte Interamericana y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligan a los estados suscritos que generen medidas que aseguren la integridad de los defensores de los derechos fundamentales, apunta Samayoa.

De acuerdo al análisis de los expertos, el Estado peruano cuando genere políticas públicas debe considerar características mínimas como la consulta, además de un perfil diferenciado para involucrar y proteger a los diferentes tipos de defensores y defensoras de derechos humanos.

“Si bien existe un plan nacional de derechos humanos y hay esfuerzos en materia de regular el uso de la fuerza, es insuficiente para los compromisos internacionales que tiene el Estado”, dice Samayoa.

Foto de portada: población indígena amazónica dirigiéndose a una asamblea comunal/Milton López Tarabochia.